ANTE
LA EVIDENCIA DE HABERSE PRODUCIDO UN GOLPE DE ESTADO PRODUCTO DE UN FRAUDE
CONSTITUCIONAL, CONSUMADO PRECISAMENTE POR QUIENES ESTÁN LLAMADOS A SER
GARANTES DE LA CONSTITUCIÓN, EL GREMIO DE ABOGADOS DE VENEZUELA, REPRESENTADO
POR LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS, EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
ABOGADO Y LOS PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE TODAS LAS REGIONES DEL
PAÍS, REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE URGENCIA EN LA CIUDAD DE CARACAS:
CONSIDERANDO:
QUE,
EN LOS 18 AÑOS DE VIGENCIA DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN NACIONAL, JAMÁS EL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA HABÍA CALIFICADO EL DESACATO A SUS SENTENCIAS,
COMO CAUSAL DE CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ORGANISMO ALGUNO. NI PÚBLICO NI
PRIVADO, HASTA QUE SURGIÓ SU ENFRENTAMIENTO CON EL PODER LEGISLATIVO.
CONSIDERANDO:
QUE
LA PROPIA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, PAUTA EN SUS ARTÍCULOS
121 Y 122 QUE LAS ÚNICAS SANCIONES POR TAL ESPECIE DE DESACATOS SON, LAS MULTAS
ESTABLECIDAS EN LOS CITADOS PRECEPTOS LEGALES, TAL COMO LO ESTABLECIÓ DE MANERA
REITERADA EL PROPIO TSJ EN LAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL NÚMERO 795
DE FECHA 19/8/2016; SALA CONSTITUCIONAL NÚMERO 284 DE FECHA 26/4/2016; SALA
ELECTORAL NÚMERO 107 DE FECHA 17/7/2012; SALA ELECTORAL NÚMERO 149 DE FECHA
1/11/2016; SALA ELECTORAL DE FECHA 7/12/2010, CASO: JORGE PEROZO VS. GUILLERMO
DOLANI ;
CONSIDERANDO:
QUE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN EL SUPUESTO NEGADO QUE LA ASAMBLEA NACIONAL
HUBIESE INCURRIDO EN DESACATO, ESTÁ IMPEDIDO CONSTITUCIONALMENTE DE IMPONER
SANCIONES DIFERENTES A LAS PREESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, COMO HA OCURRIDO,
CON LAS SENTENCIAS NÚMEROS 155 Y 156 DEL 29 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO Y SUS
PRETENDIDAS ACLARATORIAS, EN FLAGRANTE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
CONSAGRADO POR EL ARTÍCULO 11 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE;
CONSIDERANDO:
QUE,
EN VENEZUELA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49 ORDINAL 6º DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL EL ÚNICO QUE PUEDE PREESTABLECER SANCIONES ES EL PODER LEGISLATIVO Y,
EN CONSECUENCIA, MAL PUDO EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, POR MEDIO DE LAS
SENTENCIAS 155 Y 156, SUSPENDER LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y CON
ELLO, IMPONER SANCIONES, DIAMETRALMENTE DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN LA
LEGISLACIÓN.
CONSIDERANDO:
QUE
EN FECHA POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LAS CITADAS SENTENCIAS 155 Y 156, EL
CONSEJO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EXHORTÓ AL TSJ A REVISAR LOS FALLOS ANTES
MENCIONADOS Y LA MENCIONADA INSTANCIA JUDICIAL MEDIANTE PUBLICACIÓN EN SU
PÁGINA EN LA INTERNET DE FECHA 31/3/17 PROCEDIÓ DE OFICIO A UNA SUPUESTA
ACLARATORIA, QUE NO ES MÁS QUE UNA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE DOS SENTENCIAS
QUE YA TENÍAN EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, APARTE, DE EVIDENCIAR SUMISIÓN DEL
TSJ A LAS DIRECTRICES EMANADAS DEL PODER EJECUTIVO;
CONSIDERANDO
QUE
CONFORME AL ORDENAMIENTO PROCESAL VENEZOLANO (ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL) LOS TRIBUNALES TIENEN PROHIBIDO REFORMAR LAS SENTENCIAS
QUE DICTE Y QUE LAS ACLARATORIAS SOLO PROCEDEN A INSTANCIA DE PARTE, NO DE EX
OFFICIO Y PARA ACLARAR LOS PUNTOS DUDOSOS, ERRORES DE COPIA, DE REFERENCIA O DE
CÁLCULOS NUMÉRICOS, NO PARA REVOCARLAS TOTAL O PARCIALMENTE QUE FUE LO
REALIZADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, MÁS ALLÁ DEL ERROR IN NOMINE NEGOTII AL
CALIFICAR DE ACLARATORIA, LO QUE NO ES MÁS QUE UNA EVIDENTE REVOCATORIA;
CONSIDERANDO
QUE
LAS SENTENCIAS 155 Y 156 ANTES REFERIDAS NO HAN SIDO LAS ÚNICAS QUE, A PARTIR
DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015, HAN MEDIATIZADO LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL, LO QUE CONFIGURARÍA UN GOLPE DE ESTADO CONTINUADO, DE UNO DE LOS
PODERES DEL ESTADO, EL JUDICIAL EN ESTE CASO, EN DESMEDRO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES DE OTRO PODER IGUALMENTE DEL ESTADO, EN ESTE CASO EL
LEGISLATIVO, LO CUAL COMPORTA DESCONOCIMIENTO DE LA SOBERANÍA POPULAR;
DECLARA:
1º)
QUE CON TALES SENTENCIAS 155 Y 156, Y SUS PRETENDIDAS ACLARATORIAS, SE
TRANSGREDIERON, EL PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 137 DEL TEXTO
CONSTITUCIONAL, SEGÚN EL CUAL LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO
LAS DEFINEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, POR CUANTO SIN LEY FORMAL PREEXISTENTE
NO HAY DELITO NI PENA, Y EN VIRTUD DE QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
NÚMEROS 155º Y 156º, TRANSGREDEN DE MANERA GRAVE EL ESTADO DE DERECHO Y EL
IMPERIO DE LA LEY. EN CONSECUENCIA, INSTAMOS A LOS VENEZOLANOS, CON BASE EN LOS
ARTÍCULOS 333 Y 350 DE LA CONSTITUCIÓN, A LA ACTIVACIÓN DE LOS MECANISMOS
PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN PARA SU PROPIA DEFENSA, DE DESOBEDIENCIA CIVIL Y
PACÍFICA DE CUALQUIER ACTO QUE MENOSCABE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS VIGENTES EN
VENEZUELA.
2º)
POR CUANTO LOS HECHOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, PODRÍAN CONFIGURAR ILÍCITOS DE
ORDEN PENAL Y DISCIPLINARIO, SOLICITAMOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y AL CONSEJO MORAL REPUBLICANO LA APERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
CORRESPONDIENTES, SIN PERJUICIO QUE, LLEGADO EL CASO, LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
FIRMANTES, EJERZAN DIRECTAMENTE LAS ACCIONES RESPECTIVAS.
EN
CARACAS, A LOS TREINTA Y UNO DÍAS DE MARZO DE 2017.
